PODEMOS es la mejor opción en el 20D para acercarnos a la Separación de poderes y a la pluralidad de democracias

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¿Hacia la separación de poderes en España?
En política es preferible hacer algo a no hacer nada. En los últimos cuatro años se ha producido en la sociedad española un pequeño debate sobre la separación de poderes. En otros artículos nos hemos referido a ello.
Los programas electorales de los partidos emergentes (Podemos y Ciudadanos) para el 20D de 2015 presentan propuestas para alcanzar la “esencia” de la democracia en los poderes del estado, es decir, se comprometen con los electores para conseguir la separación de poderes.
La separación de poderes se fundamenta en tres pilares políticos: la independencia del poder judicial, la elección directa del presidente del gobierno y la elección directa y uninominal del representante político del distrito en el Parlamento por la regla de la mayoría, además, obviamente, del control de unos poderes por los otros.
El presente cuadro recoge las semejanzas y diferencias entre uno y otro partido en cuanto al primer pilar. Ninguno de ellos propone por ahora la elección directa del presidente del gobierno- aunque Pablo Iglesias comentó en un programa de TV y en el Debate decisivo a cuatro, que “ él estaría dispuesto”; pero lo fundamental para la segunda transición democrática en nuestro país, de la que hablé en Vistalegre el 18 de octubre de 2014 ante cien mil personas, y que ya Rivera como Iglesias mencionan públicamente, es que la “separación de poderes” ( no la simple división de funciones) ha logrado convertirse por fin en un “meme positivo” de la cultura política española y que llega para quedarse y progresar hasta conseguir la democracia en el cuerpo o “entorno” político de España.
Independencia del Poder Judicial
PODEMOS Propuesta 253:

Elección directa del Consejo General del Poder Judicial

Consideramos que, aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantenga sus actuales competencias generales, debe asumir directamente su principal función: velar por la independencia del Poder Judicial como servicio público. Y, para ello, proponemos las siguientes medidas:
• Establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ, quienes serán elegidos entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de experiencia profesional y que, asimismo, hayan sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas.
• Regular y promover institucionalmente dichas elecciones por un órgano colegiado creado a tal efecto por el Congreso.
• Establecer limitaciones de gasto en las campañas que puedan ser promovidas para estas elecciones.
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Policía judicial y peritos para su adscripción funcional a los juzgados
Trabajaremos para que estos funcionarios, la policía judicial y los peritos, sean dependientes funcionalmente de los juzgados y la Fiscalía, y para que tengan control de todas las investigaciones policiales de cada instrucción o procedimiento penal que dirijan. De este modo, evitaremos tanto las dilaciones indebidas como el hecho de que los agentes considerados «incómodos» puedan ser destituidos.
Estas unidades policiales deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Estar adscritas funcional y temporalmente a los juzgados o tribunales.
• Contar con estructura independiente y un número muy reducido de puestos de libre designación.
• Estar integrado por funcionarios con acreditada experiencia en la Policía Judicial, y con acceso exclusivo mediante concurso especifico de méritos.
• Promover y dirigir las investigaciones ya judicializadas:
o Actuarán por delegación del juez o fiscal en el seno del cuerpo judicial.
o Podrán requerir de los mandos policiales todos los medios personales y materiales precisos para llevar a buen fin la investigación.
o Estarán exentos de informar sobre la evolución de las investigaciones o de los resultados obtenidos.
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Auditoría pública del sistema judicial
Democracia y participación Lucha anticorrupción Sistema de justiciaTransparencia
Promoveremos una auditoría pública y externa del sistema judicial sobre criterios y parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad, con el fin de buscar una fotografía constructiva y evaluar una necesaria reorganización en aquellos ámbitos que precisen refuerzo, de manera que se establezcan criterios de optimización de los recursos.
Asimismo, crearemos una oficina judicial dotada de los medios necesarios para desarrollar una actuación más eficaz y cercana a la ciudadanía, que materialice un verdadero servicio al ciudadano. Esta oficina tendrá financiación directa del Estado (el Gobierno central asumirá las competencias periféricas en este ámbito), será competencia del Ministerio de Justicia y tendrá capacidad de cesión de edificios de titularidad pública. Desde ella se impulsará el expediente electrónico y se informatizará todo el procedimiento judicial.

Tribunal Constitucional
Propuesta número 232:
Despolitizaremos el Tribunal Constitucional a través de dos reformas:
• Estableceremos un nuevo sistema de nombramientos por «cuota de rechazo»: la negociación de los nombramientos partirá de la conformación de un amplio listado de todas las personas técnicamente cualificadas para acceder a él. A partir de esta propuesta, cada uno de los partidos solo podrá ir si descarta de esa lista un número proporcional a la cuota que le corresponde en función de su entidad parlamentaria. Tras sucesivos procesos de descarte, acabarán quedando solo los que menos rechazo generan. No estarán designados por nadie, ni en deuda con nadie.
• Derogaremos la «reforma exprés» de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2 / 1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, de forma que el Tribunal Constitucional no asuma competencias como la suspensión de sus funciones a una autoridad.

Fiscal General del Estado
propuestas 255
Reforma integral de la Fiscalía
Pondremos en marcha una reforma integral de la Fiscalía a partir de las siguientes propuestas:
• Revisar el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado.
• Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para introducir mecanismos que doten a la Fiscalía de autonomía (orgánica y funcional) con relación al poder ejecutivo.
• Dotar a esta institución de mecanismos de transparencia que permitan conocer, entre otros, los actos que se realicen, los criterios utilizados para la toma de decisiones, la agenda del Fiscal General del Estado y de los demás órganos de dirección, y las retribuciones o los indicadores de su actividad.
• Asegurar la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, con partida específica en los Presupuestos Generales del Estado.
• Abordar de manera integral la reorganización y el nuevo diseño de las funciones de los órganos centrales (Inspección Fiscal, Unidad de Apoyo y Secretaría Técnica).
• Democratizar los nombramientos en la cartera fiscal bajo estrictos criterios de mérito y capacidad.

CIUDADANOS
Supresión del Consejo General del Poder Judicial
Las funciones que el artículo 122 CE atribuye al Consejo serán asignadas al Presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial que estará asistido por dos Adjuntos. El Presidente será elegido por el Congreso de los diputados con el voto a favor de las dos terceras partes de sus miembros, entre magistrados del Tribunal Supremo, con, al menos, veinte años de ejercicio en la carrera judicial y que no hubieran tenido vinculación con ningún partido político ni ostentado cargo representativo de carácter público. El nombramiento tendrá una duración de 6 años, sin posibilidad de reelección. A su vez, los dos adjuntos serán elegidos por los jueces y magistrados en elecciones convocadas al efecto. El nombramiento tendrá una duración de 3 años sin posibilidad de reelección. El Presidente y sus adjuntos serán los auténticos defensores de la independencia judicial. La función de los dos adjuntos será por un lado asistir al Presidente en relación con los nombramientos y por otro con el régimen disciplinario.
Mérito y capacidad, así como ausencia de discrecionalidad, en los nombramientos de jueces y magistrados.
Como complemento imprescindible de la propuesta anterior, la provisión de todas las plazas de Juzgados, Audiencias y Tribunales del Poder judicial y, en particular, la de los altos cargos (Presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional y Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo), se llevará a cabo a través de procedimientos reglados, sin discrecionalidad alguna, que consistirán en concursos convocados al efecto en los que la selección se ajustará a baremos previamente establecidos conforme a los principios de mérito y capacidad, así como en la idoneidad y especialización para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales correspondientes a los diferentes destinos, permitiendo así la eliminación de criterios arbitrarios en función de afinidades políticas o ideológicas.
Supresión de la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados.
Se suprimirá la posibilidad de que los parlamentos autonómicos puedan proponer magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia (art. 330.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Limitación de puertas giratorias entre justicia y política.
Se impondrá a los jueces y magistrados que acepten cargos políticos un periodo obligatorio de excedencia mínimo de dos años tras el correspondiente cese.

La despolitización del Tribunal Constitucional.

• El reforzamiento de la independencia del Tribunal requiere la de los magistrados que lo integran. Al tal fin, proponemos la modificación del artículo 179 de la Constitución en los siguientes términos:
• Se exigirá veinticinco años de ejercicio profesional para poder ser designado magistrado, estableciendo asimismo un estricto sistema de incompatibilidades que garanticen su independencia, entre ellas una prohibición de haber desempeñado cargos orgánicos en un partido o cargos representativos o ejecutivos en parlamentos o gobiernos, durante los cinco años anteriores a su nombramiento.
• Se establecerá un periodo de mandato de 12 años, pero fijándose la jubilación a los 75 años. La renovación parcial se realizará cada cuatro años (3+3+3+3). Tras el cese como magistrados pasarán a la situación de jubilación con incompatibilidad para el desempeño de cualquier empleo público o privado.
• El artículo 159 CE establece que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Como consecuencia de la propuesta de organización del Estado contendía en este documento, en el caso de los propuestos por el Senado lo serán por el Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas. Y los del Poder Judicial, lo serán por el Presidente del Consejo y del Poder Judicial pero entre magistrados designados en virtud de un concurso convocado al efecto, sin discrecionalidad alguna.
Una justicia constitucional rápida y eficaz.
Las dudas de inconstitucionalidad y los conflictos de competencia no pueden dilatarse en el tiempo, vulnerando de facto el derecho a la tutela judicial efectiva. Deberá fijarse un plazo perentorio para que el Tribunal se pronuncie, que no podrá superar los 90 días cuando estén afectados derechos fundamentales. La resolución de protección de estos derechos no puede dispensar una menor garantía que cuando se trata de la que resuelve la impugnación de los proyectos de Estatutos de Autonomía que se ha de dictar en el plazo de 6 meses desde la interposición de los recursos. Los ciudadanos no pueden percibir menor protección que los territorios.
Regular en la Constitución el procedimiento de nombramiento del fiscal general del Estado:, que sería mediante un procedimiento abierto que permitirá a todos los que cumplan los requisitos necesarios presentarse. Se exigirá que reúna al menos veinte años de ejercicio en la carrera fiscal y no haya tenido vinculación con ningún partido político ni ostentado cargo político o administrativo de carácter público. Luego, una Comisión del Congreso de los Diputados valorará la idoneidad para ejercer el cargo de estos candidatos y seleccionará una terna de entre ellos por mayoría reforzada. Finalmente, el Gobierno elegirá el fiscal general entre esa terna. Asimismo, se reforzará la independencia del Consejo Fiscal y el principio de mérito y capacidad en la provisión de plazas en la carrera fiscal y se fomentará en particular la independencia de la Fiscalía anticorrupción.

Ahora bien, sólo Podemos nos dice en su programa electoral que quiere y puede conseguir, no sólo una democracia como separación de poderes, sino una pluralidad de democracias para todo el país. C´s olvida tal cosa, quizá por la razón de que no viene de la lucha ciudadana en las plazas públicas del 15M, y sí, sin embargo, de los intereses de la burguesía “ moderna” y se financia mediante créditos de los grandes Bancos, cosa que Podemos no realiza.

La pluralidad democrática de Podemos se concreta en:
1- Ser el único partido que se compromete a un Revocatorio del presidente del gobierno a mitad de su mandato por parte de los ciudadanos. Aunque también debería ser posible otro Revocatorio de los electores para todos los diputados del Congreso.
2- Democracia económica
3- Democracia social
4- Democracia política
5- Democracia Ciudadana
6- Democracia Internacional
7- Democracia participativa de los vecinos en las Ciudades y Autonomías

Ver el programa de Podemos:
http://unpaiscontigo.es/programa/

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